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Argentina: volver a empezar mejor que antes

Foto del escritor: latinlawyerlatinlawyer

Promoción jurídica para atraer grandes inversiones extranjeras y desregulación para las pymes locales

El 27 de junio de 2024 Argentina sancionó la Ley 27.742 de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos (Ley de Bases), con 238 articulos, dedicada a la reforma del estado y del procedimiento administrativo, del regimen laboral, al blanqueo fiscal y a la emergencia economica entre otras materias. El Título VII con sus artículos 164 a 228 consagra un régimen de incentivo para grandes inversiones (RIGI) que acaba de ser reglamentado por el Decreto 749/2024 el 22 de agosto.

Este nuevo marco pretende atraer un flujo de inversiones extranjeras a la Argentina. A través del RIGI, el país intenta generar condiciones esenciales para su integración económica internacional como la previsibilidad, la estabilidad y la competitividad tras décadas de quebrantamiento de contratos privados y públicos que generaron la desconfianzsa de los inversionistas y numerosos procesos en el sistema de solución de controversias del Banco Mundial. Con este marco legal, Argentina entiende jurídicamente que para empezar a ser confiable, necesita sincerarse e incentivar su potencial macroeconómico.

Como régimen de promoción federal, debe conceder beneficios a los inversores extranjeros sin producir un impacto negativo en las finanzas y en los ordenamientos legales provinciales y municipales. Una rigurosa determinación de sectores e intereses incentivados permite evitar cualquier distorsión técnica por la aplicación del RIGI.


Quiénes pueden acceder al RIGI

La promoción legal debe permitir que la Argentina se posicione como un nuevo proveedor de largo plazo en mercados en los que aún no se cuente con participación relevante mediante un proyecto de exportación estratégico por un valor superior a los 1.000 millones de dólares. Puede consistir en la ampliación de una inversión en un proyecto preexistente. La ley crea beneficios extraordinarios para nueve sectores, como la industria forestal, turismo, minería, siderurgia, gas y petrolero, infraestructura, tecnología y energía mediante incentivos fiscales y aduaneros, además de impactar sobre el régimen de control de cambios tan controvertido en los tribunales internacionales y locales. Regulatoriamente, el Gobierno federal debe aprobar un VPU (Vehículo de Proyecto Unico) para solicitar el acceso al RIGI. Corporaciones y sociedades de responsabilidad limitada, filiales de compañías extranjeras, sociedades dedicadas a un proyecto determinado y joint ventures pueden ser sujetos activos para aplicar al régimen del RIGI.


Cuáles son los beneficios

El RIGI mantendrá asimismo una considerable exención de impuestos y de aranceles. Los VPUs aprobados ganarán un beneficio de 10% en el impuesto a las ganancias (de 35% a 25%), una reducción de 7% a 3.5% en los impuestos a los dividendos, una aceleración de la depreciación de bienes de capital, la utilización de certificados de crédito fiscal para pagar tributos, una exención del arancel de importación de bienes y una exención de los impuestos de exportación en el tercer año. Esas exportaciones no sufrirán las retenciones cuestionadas judicialmente por confiscatorias por el sector agroindustrial en un país con la capacidad de producir y exportar alimentos para cientos de millones de personas.

La gran inversión debe comprometer la adquisición, producción, construcción y el desarrollo de bienes de capital que sean empleados en las actividades designadas por un mínimo inicial de 200 millones de dólares. Para mantenerse en el RIGI deben proveer un mínimo de inversión computable en activos no inferior al 40% del proyecto en los dos primeros años.

Otro beneficio importante es la devolución del IVA de 21% en un plazo máximo de tres meses y el cómputo del 100% del impuesto a los débitos y créditos bancarios (impuesto al cheque) como pago a cuenta de tributos. Las empresas tienen dos años (agosto de 2026) para adherirse al RIGI con la posibilidad de extensión a un año adicional.


Impacto sobre la minería

El oro y la plata representaron el 4.4% de las exportaciones argentinas en 2023, entre las que se encuentran 56 empresas canadienses cuyos proyectos están valuados en 9.000 millones de dólares principalmente dedicadas a la extracción del oro.

La producción de litio es, sin lugar a dudas, una de las estrellas enfocadas por el RIGI dado que ha crecido en Argentina a 4.440.000 toneladas métricas en 2022. La plata y el oro representan 3.624.000 y 1.256.000, respectivamente, para ese mismo año.

Para la actividad del gas y del petróleo extractivo y exportador la inversión mínima se eleva a 300 millones de dólares, sin afectar al procesamiento, refinamiento, producción de fertilizantes que se mantiene con el mínimo de 200 millones. Otros proyectos de inversión en exploración y explotación requieren, en cambio, un mínimo de 600 millones dólares.


Cuidado de los proveedores locales y protección de las pymes industriales 

La definición de proveedor local de la reglamentación del RIGI exige que se encuentren constituidas y domiciliadas en Argentina, que los titulares del 51% del capital social de estas empresas o los votantes necesarios para formar la voluntad social en las reuniones sociales tengan domicilio fiscal en el país. No interesa el número de directores no-residentes. El objeto de estas sociedades proveedoras debe ser la prestación de servicios o venta de bienes con destino a un VPU adherido al RIGI.

Uno de los requisitos jurídicos más relevantes para la preparación del proyecto de adhesión al RIGI es la presentación de un plan de desarrollo de proveedores locales incluyendo el compromiso de contratarlos con el carácter de declaración jurada, por un valor porcentual como mínimo del 20% sobre la totalidad del monto de la inversión destinado al pago de proveedores. Esta norma se introdujo como parte del debate parlamentario.

La reglamentación del RIGI produjo una cierta desconfianza entre las asociaciones argentinas de pymes industriales. Mientras que la reglamentación delega en el Ministerio de Economía la creación del comité evaluador de proyectos del RIGI, nada establece sobre la sanción por infracciones a la compra de 20% efectuada en proveedores argentinos.

La falta de ejecutoriedad de la regla es la que preocupa a los pequeños empresarios. Sin embargo, tras la reglamentación del RIGI, Argentina prepara una nueva legislación desreguladora y un plan específico de apoyo a las pymes, denominado “mini-RIGI”. Es el mismo Ministerio de Economía calificador de los proyectos del RIGI quien lleva adelante las consultas previas para determinar las medidas que agilice la operatoria de estas empresas y la reduccion del exorbitante costo fiscal que acusan públicamente padecer como el costo tributario más alto de toda Latinoamérica. Una de las medidas proyectadas es la reducción a futuro del 50% de la carga patronal a una pyme por cada trabajador nuevo que contrate. Simétricamente, esa rebaja se acompaña con un blanqueo como parte de otro título de la Ley de Bases.

La amortización acelerada y la devolución del IVA son ventajas también diseñadas para contribuir al levantamiento económico de las pymes argentinas, tal vez orientado a captar nuevas inversiones de capital como ocurrió en otros países de la región anteriormente. La asociación de empresas e inversores regionales y en particular brasileños con pymes argentinas, puede ser uno de los caminos más eficientes para revitalizar jurídicamente el Mercosur. Para ello es necesario reformar el tratamiento regulatorio de la sociedad extranjera, tal como lo hecho ese país este año.

Estas nuevas medidas, entre otras también encuadradas en la ley de Bases, proponen sediar negocios regionales e internacionales desde Argentina. Volver a empezar mejor que antes representa una reconstrucción sobre bases jurídicas sólidas y confiables para todos los que quieran hacer negocios en Argentina.


Publicado en Legal Today el 29.08.2024

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